Una brecha que preocupa.
Para el país ha quedado ya más que evidente que el presidente Gustavo Petro enfrenta serios cuestionamientos sobre su salud mental y posibles problemas de adicción a las drogas, según lo revelado en la carta pública del exministro Álvaro Leyva, quien fue su primer canciller y miembro cercano de su círculo de confianza.
Es importante destacar que Leyva, como exministro de Relaciones Exteriores, tuvo acceso privilegiado a información confidencial y al entorno más íntimo del presidente. Su testimonio no corresponde a un opositor, sino al de un testigo directo, con conocimiento de primera mano. Por tanto, sus afirmaciones adquieren un peso significativo y merecen ser tomadas con la seriedad que corresponde.
Frente a esta situación, cabe formular una pregunta fundamental: ¿dónde queda la dignidad del cargo? Según la Real Academia Española, la dignidad es la cualidad de ser digno, y sus sinónimos incluyen honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, rectitud, decencia, seriedad, decoro, pundonor, autoestima, orgullo, honra y honor. ¿Cómo puede, entonces, una persona con tales cuestionamientos ejercer con legitimidad la representación de cincuenta millones de colombianos? Nos enfrentamos a un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.
La carta también enciende alertas sobre una posible inestabilidad emocional y mental del mandatario, evidenciada en su comportamiento errático, sus publicaciones en redes sociales carentes de claridad y sus discursos públicos desarticulados, marcados por imprevisiones y una peligrosa retórica de odio de clases.
La crisis institucional dentro del gobierno es evidente. Basta con recordar el primer Consejo de ministros, que estuvo marcado por acusaciones mutuas, dando la impresión más de un bochornoso espectáculo mediático que de un ejercicio serio de gobierno.
Todo lo anterior podría generar presiones desde la comunidad internacional, la cual podría verse obligada a reconsiderar sus relaciones diplomáticas con Colombia, especialmente en lo referente a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Las propuestas del presidente Petro sobre la legalización de sustancias psicoactivas ya han sido objeto de amplias críticas, debido a su escasa viabilidad y débil sustento técnico. Esta controversia se agrava aún más ante la posibilidad de que el propio jefe de Estado sea consumidor de dichas sustancias, lo cual pondría en entredicho no solo la coherencia de su discurso, sino también la legitimidad de sus decisiones en esta materia.
Internamente, la polarización social se agudiza. Sus seguidores más fervientes lo defienden como a un “mesías”, sin importar los efectos del desgobierno, mientras la oposición hace las denuncias ante lo que percibe como una amenaza a las instituciones democráticas. Esta división profundiza aún más las brechas entre los ciudadanos.
A todo esto, se suma el daño a la imagen internacional del país. Las denuncias sobre adicciones presidenciales reavivan estigmas del pasado y ponen en riesgo los esfuerzos de Colombia por alejarse de la narrativa asociada al narcotráfico. Una vez más, nuevamente los colombianos en el exterior podrían verse injustamente señalados por acciones que no les corresponden.
La naturaleza de las afirmaciones del excanciller Leyva exige una respuesta institucional clara y contundente. Está en juego la capacidad del presidente para ejercer sus funciones y, sobre todo, la autonomía del poder ejecutivo. Es necesario esclarecer si el jefe de Estado está siendo manipulado por terceros o si es víctima de una situación que requiere atención urgente.
La democracia exige transparencia, y la dignidad del cargo no puede verse comprometida por eventuales problemas de salud del primer mandatario. El silencio institucional frente a esta situación no contribuye en absoluto a la solución de un problema que, aunque personal, tiene implicaciones públicas. Asimismo, la lealtad ciega no debe anteponerse al bienestar de la nación.
Opinión de valientes 