Colombia decreciendo en libertad y orden

En Colombia estamos empezando a vivir las consecuencias de haber elegido al actual presidente, el cual fue elegido por ciudadanos que cayeron en un engaño. Se creó una falsa esperanza de que su llegada al poder traería un cambio significativo para el país, muchos de estos ciudadanos desconocían que los discursos socialistas solo son viables en la retórica, pero que en la práctica sus resultados son devastadores. Esta situación se hace evidente en la improvisación y pesima planificación del gobierno. Esta administración ha justificado una de sus tantas improvisaciones con el discurso de buscar una “paz total”, pero esto solo ha dado como resultado una impunidad total para el terrorismo y el narcotráfico. Desde el 31 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional anunció un cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con diferentes grupos armados organizados, dedicados al terrorismo, narcotráfico y control de rentas ilícitas. Estos grupos incluyen a las FARC con “la Segunda Marquetalia”, y el “Estado Mayor Central”, el ELN, las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “el Clan del Golfo”, las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, “los Comandos de la Frontera  Ejército Bolivariano” y la “Coordinadora Guerrillera del Pacífico”. Pero la “paz total”. Solo ha funcionado en el discurso populista, pero no en la realidad; esto se evidencia con las acciones delincuenciales de estos grupos terroristas que han logrado alcanzar cifras alarmantes de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados durante el año 2023. Hasta el 19 de marzo, se han reportado 31 asesinatos, incluyendo 4 firmantes del acuerdo de paz. Además, han ocurrido 27 masacres en 2023, con 88 víctimas hasta el 24 de marzo, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Cabe anotar que en los meses de enero y febrero se cometieron por parte de los grupos armados organizados 58 hechos violentos que afectaron el cese al fuego bilateral, como son las combates entre los grupos armados, ataques contra de la Fuerza Pública y en contra de la población, cifras también de INDEPAZ.

A pesar de todos estos actos de incumplimiento con los actos violentos que han afectado el cese al fuego bilateral por parte de los grupos terroristas, el gobierno aún no ha suspendido la orden de no realizar operaciones militares contra las estructuras criminales de las FARC y el ELN. Que continúan cometiendo delitos contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura crítica del estado. El grupo terrorista ELN ha atacado recientemente una unidad del Ejército Nacional empleando artefactos explosivos improvisados. Como resultado, asesinaron a dos suboficiales y siete soldados, y otros nueve militares resultaron heridos, quienes protegían la infraestructura energética en la vereda Villanueva de El Carmen (Norte de Santander). Ante este suceso, surge la pregunta de por qué el cese bilateral no ha sido suspendido. Una posible respuesta podría ser que tanto el gobierno como los miembros del ELN comparten la misma ideología. Sin embargo, el gobierno suspendio el cese bilateral con el grupo terrorista del Clan del Golfo debido a la situación presentada en el paro minero en Antioquia. Este paro ha generado desabastecimiento de alimentos y medicamentos, pérdida de toneladas de carga, 16 municipios incomunicados y estudiantes sin poder asistir a sus clases en la región del Noreste y el Bajo Cauca. Además, surge otra pregunta, por qué el gobierno no ejecuta operaciones contra la minería ilegal en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el Chocó, donde esta actividad ilícita es una fuente de ingresos para el ELN y las FARC, y afecta los ecosistemas, fuentes hídricas y bosques tropicales?. También es preocupante el aumento de los cultivos de coca, que según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito de octubre de 2022, ha alcanzado al menos 204,000 hectáreas sembradas. La falta de políticas para erradicar este problema hace que el narcotráfico siga siendo la principal fuente de ingresos de los grupos armados organizados, permitiéndoles financiarse, reclutar nuevos integrantes, comprar armas, controlar el territorio y las rutas del narcotráfico. También se presentan cada vez más actos de violencia por parte de las guardias campesinas e indígenas, que son infiltradas e instrumentalizadas por los grupos terroristas para llevar a cabo asonadas y secuestros de miembros de la fuerza pública, impidiendo que realicen operativos contra las economías ilícitas y sean expulsados de los territorios. En conclusión, la idea de “la paz total” ha llevado a Colombia a experimentar un acelerado decrecimiento en su libertad y orden. Es evidente que los grupos armados organizados han aprovechado el cese bilateral del fuego para crecer y expandirse. Por todo esto es necesario tomar medidas más efectivas para combatir a los grupos terroristas y las economías ilícitas, y diseñar estrategias operacionales claras para la fuerza pública y así facilitar el cumplimiento de su misión constitucional.