El despiporre de la paz total

La Real Academia de la Lengua define la palabra despiporre como: “desbarajuste” o “desorden”. El presidente Petro utilizó esta palabra en el discurso que pronunció en la clausura del 16° Congreso de Asofondos, donde manifestó que “hizo un mal cálculo en la campaña presidencial respecto a las pensiones, lo que pasa es que se me despiporró». Este comentario refleja perfectamente al gobierno actual que él encabeza, donde todas sus propuestas y planes son improvisados y caóticos.

En lugar de contar con un equipo técnico conformado por expertos en cada ministerio que analice los problemas y busque soluciones viables, el gobierno parece recurrir únicamente a la improvisación y a los discursos desde el balcón. Estas acciones solo generan odio y polarización en el país.

Uno de los mayores desbarajustes del gobierno del cambio en reversa es la mal llamada “paz total”, que en realidad ha resultado ser la impunidad total para el terrorismo y narcotráfico. Esto se evidencia con las noticias alarmantes que recibimos diariamente sobre el accionar delincuencial y el fortalecimiento de las organizaciones narcoterroristas, como las FARC, ELN y el Clan del Golfo.

En el caso de las FARC, estas están reviviendo sus frentes de guerra y planean tomar el control delictivo del Sumapaz para amenazar la capital del país, tal cual lo escribieron en la octava conferencia realizada en 1993. Conferencia en la cual actualizaron su plan estratégico para la toma del poder y dispusieron que la mitad de los guerrilleros debían estar sobre la cordillera oriental con el objetivo de situar a Bogotá.

Durante la paz del despiporre, se volvieron comunes los constantes incumplimientos del cese al fuego establecido por el gobierno con los grupos terroristas. Retrocediendo en el tiempo en el tema de seguridad, el país volvió a presenciar municipios inundados con vallas de las FARC que promueven el reclutamiento forzado, poblaciones incomunicadas por paros armados y el sabotaje de antenas de telefonía celular.

Además, el acto de terror más grave fue la masacre de los cuatro jóvenes indígenas de la comunidad Murui, quienes fueron brutalmente asesinados tras intentar escapar de un campamento donde estaban secuestrados, en un nuevo caso de reclutamiento forzado. Como respuesta a esta masacre, el gobierno se vio en la obligación de suspender parcialmente el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC.

Hay que tener en cuenta que todo lo anterior es la clara demostración de la poca voluntad de paz que tienen los grupos armados organizados, que se aprovechan de la personalidad errática de Petro, para incumplir con un cese al fuego que fue diseñado a la medida de los grupos terroristas, donde aprovechan la oportunidad para seguir fortaleciéndose con las economías ilícitas y el reclutamiento forzado.

Ante esta cruda situación, es fundamental que el “gobierno del cambio en reversa”, abandone la retórica del balcón y adopte una estrategia coherente que: Priorice la protección de la población. Establezca compromisos claros. Diseñe mecanismos efectivos para el seguimiento y evaluación del cese al fuego.

Asimismo, es necesario que demuestre la capacidad de reacción ante los incumplimientos que cometan en contra del cese establecido, con una contundente respuesta con operaciones ofensivas con la fuerza pública y se activen los procesos judiciales en contra de las estructuras terroristas.

Solo a través de un enfoque basado en el análisis de los procesos de paz anteriores, el diálogo y la construcción de confianza, se podrá iniciar un proceso de paz real y duradero. Es hora de dejar atrás el despiporre y lograr trabajar como un gobierno responsable y comprometido con el bienestar de la sociedad, donde la seguridad y la paz sean una prioridad indiscutible. Solo así podremos avanzar hacia un futuro mejor para todos los colombianos.